La Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos empezará en Niza el próximo lunes
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC 3) se inaugurará en Niza, Francia, el 9 de junio de 2025. Es la tercera conferencia de este tipo, después de las celebradas en Nueva York en 2017 y Lisboa en 2022.
Organizada conjuntamente por Francia y Costa Rica, la conferencia reunirá a 150 países y casi 30.000 personas para discutir la gestión sostenible de los océanos de nuestro planeta.
Este acontecimiento se presenta como un momento crucial, pero en realidad es parte de un cambio significativo en la gobernanza marina que se viene produciendo desde hace décadas. Si bien en el pasado la gobernanza de los océanos estaba diseñada para proteger los intereses marinos de los Estados, hoy en día también debe abordar los numerosos desafíos climáticos y ambientales que enfrentan los océanos.
Sin embargo, la cobertura mediática de este "momento político" no debe eclipsar la urgente necesidad de reformar el derecho internacional aplicable a los océanos. De no lograrlo, esta cumbre correrá el riesgo de convertirse en una mera plataforma para la retórica vacía.
Para comprender lo que está en juego, conviene comenzar con un breve repaso histórico de la gobernanza marina.
El significado de la gobernanza oceánica
La gobernanza de los océanos ha cambiado radicalmente en las últimas décadas. El enfoque se ha desplazado de los intereses de los Estados y el correspondiente cuerpo de derecho internacional, consolidado en la década de 1980, a un enfoque multilateral iniciado al final de la Guerra Fría, que involucra a una amplia gama de actores (organizaciones internacionales, ONG, empresas, etc.).
Esta gobernanza ha evolucionado gradualmente desde un sistema de obligaciones relativas a diferentes áreas marinas y regímenes de soberanía asociados a ellas (mares territoriales, zonas económicas exclusivas (ZEE) y alta mar) a un sistema que toma en consideración la "salud de los océanos". El objetivo de este nuevo sistema es gestionar los océanos de acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible.
Comprender cómo se produjo este cambio puede ayudarnos a comprender lo que está en juego en Niza. La década de 1990 estuvo marcada por declaraciones, cumbres y otras iniciativas globales. Sin embargo, como se demuestra a continuación, el éxito de estas numerosas iniciativas ha sido limitado hasta la fecha. Esto explica por qué ahora estamos asistiendo a un retorno a un enfoque más firmemente arraigado en el derecho internacional, como lo demuestran, por ejemplo, las negociaciones sobre el tratado internacional sobre la contaminación plástica.
Imagen: Evolución de las cuestiones y preocupaciones relacionadas con los océanos en las resoluciones de la ONU sobre océanos y el derecho del mar (LOS). Kevin Parthenay
La "Constitución de los Mares"
El derecho del mar surgió de la Conferencia de La Haya en 1930 [PDF]. Sin embargo, la estructura de la gobernanza marina se fue definiendo gradualmente en la década de 1980, con la adopción en 1982 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM, UNCLOS en inglés) [PDF].
La ONUC 3 es una consecuencia directa de esta convención: los debates sobre la gestión sostenible de los océanos surgen de las limitaciones de este texto fundador, a menudo denominado la "Constitución de los Mares".
La Convención fue adoptada en diciembre de 1982 en la Convención de Montego Bay en Jamaica y entró en vigor en noviembre de 1994, tras un largo proceso de negociaciones internacionales que dio como resultado la ratificación del texto por parte de 60 Estados. Al principio, los debates se centraron en los intereses de los países en desarrollo, especialmente los situados a lo largo de la costa, en medio de una crisis del multilateralismo. Estados Unidos logró ejercer su influencia en este ámbito sin siquiera adoptar oficialmente la Convención. Desde entonces, esta ha sido un pilar de la gobernanza marina.
Estableció nuevas instituciones, incluida la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, encargada de regular la explotación de los recursos minerales del fondo marino en zonas que quedan fuera del ámbito de la jurisdicción nacional. La CNUDM es la fuente de casi toda la jurisprudencia internacional sobre el tema.
Aunque la Convención definió las áreas marítimas y reguló su explotación, rápidamente surgieron nuevos desafíos: por un lado, la Convención quedó esencialmente sin sentido debido al retraso de once años entre su adopción y su implementación. Por otra parte, el texto también quedó obsoleto debido a los nuevos avances en el uso de los mares, en particular los avances tecnológicos en la pesca y la explotación de los fondos marinos.
El inicio de la década de 1990 marcó un punto de inflexión en el ordenamiento jurídico marítimo tradicional. La gestión de los mares y océanos pasó a considerarse desde una perspectiva ambiental, un proceso impulsado por importantes conferencias y declaraciones internacionales como la Declaración de Río (1992), la Declaración del Milenio (2005) y la Cumbre Río+20 (2012). Esto dio lugar a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los 17 objetivos de la ONU destinados a proteger el planeta (con el ODS 14, “Vida submarina”, que aborda directamente cuestiones relacionadas con los océanos) y la población mundial para 2030.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD o Cumbre de la Tierra), celebrada en Río de Janeiro, Brasil, en 1992, marcó el comienzo de la era del "desarrollo sostenible" y, gracias a los descubrimientos científicos realizados en la década anterior, ayudó a vincular las cuestiones ambientales y marítimas.
Entre 2008 y 2015, las cuestiones medioambientales adquirieron mayor importancia, como lo demuestra la adopción periódica de resoluciones sobre medio ambiente y clima.
Imagen: Evolución de los términos clave en las resoluciones del LOS para los años 1984-1995 (en gris) vs. 2016-2022 (en azul).
Un cambio en el lenguaje de la ONU
La biodiversidad y el uso sostenible de los océanos (ODS 14) son dos temas centrales que se han convertido en recurrentes en la agenda internacional desde 2015. Entre las cuestiones relacionadas con los océanos se incluyen ahora temas como la acidificación, la contaminación por plásticos y el declive de la biodiversidad marina.
La resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los océanos y el derecho del mar (LOS) es una herramienta particularmente útil para reconocer esta evolución: redactada anualmente desde 1984, la resolución ha abarcado todos los aspectos del régimen marítimo de las Naciones Unidas, reflejando al mismo tiempo nuevas cuestiones y preocupaciones.
Algunos términos ambientales estaban inicialmente ausentes del texto, pero se han vuelto más comunes desde la década del 2000.
Esta evolución también se refleja en la elección de palabras.
Si bien las resoluciones de la LOS de 1984 a 1995 se centraron principalmente en la implementación del tratado y la explotación económica de los recursos marinos, las resoluciones más recientes han utilizado términos relacionados con la sostenibilidad, los ecosistemas y las cuestiones marítimas.
¿Hacia un nuevo derecho de los océanos?
A medida que ha aumentado la conciencia sobre los problemas que rodean a los océanos y su vínculo con el cambio climático, estos se han convertido gradualmente en una "frontera final" global en términos de conocimiento.
Los tipos de actores involucrados en los temas oceánicos también han cambiado. La expansión de la agenda oceánica se ha visto impulsada por una orientación más ambientalista, con las comunidades científicas y las ONG ambientales a la vanguardia de esta lucha. Este enfoque, que supone un alejamiento del monopolio ejercido por el derecho internacional y los profesionales del derecho, es claramente un avance positivo.
Sin embargo, hasta ahora la gobernanza marina se ha basado principalmente en medidas declarativas no vinculantes (como los ODS) y sigue siendo ineficaz. Por lo tanto, parece estar en marcha un ciclo de consolidación jurídica hacia un "nuevo derecho de los océanos", y el reto ahora reside en complementar el derecho marítimo internacional con un nuevo conjunto de medidas. Estas incluyen:
• La adopción del Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina en Zonas Fuera de la Jurisdicción Nacional (conocido como Acuerdo BBNJ), cuyo objetivo es proteger los recursos marinos en alta mar;
• La negociación de un tratado sobre la contaminación marina por plásticos, aún en curso y no finalizado;
• El acuerdo sobre subvenciones a la pesca adoptado por la Organización Mundial del Comercio (OMC) para preservar las poblaciones de peces, que hasta la fecha no se ha aplicado plenamente;
• Por último, el Código de Minería de la Autoridad de los Fondos Marinos, diseñado para regular la minería de los fondos marinos.
De estos acuerdos, el BBNJ es posiblemente el más ambicioso: desde 2004, los negociadores han estado trabajando para llenar los vacíos de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM) creando un instrumento sobre biodiversidad marina en áreas fuera de la jurisdicción nacional.
El acuerdo aborda dos preocupaciones principales de los Estados: la soberanía y la distribución equitativa de los recursos.
Adoptado en 2023, este acuerdo histórico aún no ha entrado en vigor. Para ello, se requieren sesenta ratificaciones y, hasta la fecha, solo 29 Estados lo han ratificado (incluida Francia en febrero de 2025).
El proceso BBNJ se encuentra, por tanto, en una encrucijada y la prioridad hoy no es asumir nuevos compromisos ni perder tiempo en complicadas declaraciones de alto nivel, sino abordar cuestiones concretas y urgentes de gestión de los océanos, como la frenética búsqueda de minerales críticos iniciada en el contexto de la rivalidad chino-estadounidense, como lo ejemplifica la firma por parte de Donald Trump de un decreto presidencial en abril de 2025 que permite la minería de los fondos marinos, una decisión que viola las normas bien establecidas de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos sobre la explotación de esos recursos de aguas profundas.
En un momento en que el unilateralismo estadounidense está conduciendo a una política de hechos consumados, la ONUC 3 debería, más que nada y en el marco del multilateralismo, consolidar las obligaciones existentes en materia de protección y sostenibilidad de los océanos.
Este artículo de Kevin Parthenay y Rafael Mesquita se republica desde The Conversation bajo una licencia Creative Commons. Lee el artículo original en inglés: From sovereignty to sustainability: a brief history of ocean governance
