La alta mar abarca las aguas internacionales que quedan fuera de la jurisdicción de cualquier Estado
El tratado de alta mar podría convertirse en ley a finales de año, brindando protección a la vida marina en las vastas franjas de océano que no pertenecen a nadie.
El tratado fue adoptado por los estados miembros de la ONU en junio de 2023. Ha sido ratificado por 31 naciones más la Unión Europea, y entra en vigor 120 días después de su 60ª ratificación.
Sin embargo, en la Conferencia de la ONU sobre los Océanos celebrada esta semana, Francia, país anfitrión, anunció que alrededor de 50 países han ratificado el pacto, lo que lo sitúa cerca de su promulgación.
Estados Unidos firmó el tratado en 2023 bajo el mandato de Joe Biden, pero no se espera que lo ratifique mientras Donald Trump sea presidente.
Estos son los puntos clave del texto del tratado:
Aguas internacionales
El tratado abarca las aguas internacionales, que quedan fuera de la jurisdicción de cualquier Estado, y representan más del 60 % de los océanos del mundo.
En concreto, se aplica a las aguas más allá de las zonas económicas exclusivas de los países, que se extienden hasta 200 millas náuticas desde la costa.
También abarca lo que se conoce como "the Area (el Área o la Zona)", abreviatura de lecho marino y subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional. El Área abarca poco más de la mitad del lecho marino del planeta.
Una vez promulgada, un órgano de toma de decisiones —una Conferencia de las Partes (COP)— tendría que trabajar con organizaciones regionales y globales que ya supervisan diferentes aspectos de los océanos.
Entre ellas se incluyen los organismos pesqueros regionales y la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, el ámbito en el que las naciones debaten acaloradamente un conjunto de normas propuestas para regir la minería de aguas profundas.
La decisión de Trump de eludir la autoridad (de la que Estados Unidos no es miembro) y emitir permisos de minería en aguas profundas internacionales ha planteado delicadas cuestiones de jurisdicción.
Imagen: Mapa mundial que muestra las zonas económicas exclusivas y las zonas marinas prioritarias a proteger, según organizaciones no gubernamentales, el Pew Research Centre y la High Seas Alliance.
Áreas marinas protegidas
Actualmente, casi todas las áreas marinas protegidas (AMP) se encuentran dentro de las aguas territoriales nacionales.
Sin embargo, el tratado permite la creación de estas reservas en mar abierto.
La mayoría de las decisiones se tomarían por consenso en una COP, pero la creación de una AMP puede aprobarse con una mayoría de tres cuartos, para evitar un estancamiento causado por un solo país.
Una deficiencia crucial: el texto no especifica cómo se supervisarán y aplicarán estas medidas de conservación en zonas remotas del océano, una tarea que recaerá en la COP.
Algunos expertos afirman que se podrían utilizar satélites para detectar infracciones.
Cada país ya es responsable de ciertas actividades en alta mar bajo su jurisdicción, como las de los buques que enarbolan su pabellón.
Imagen: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firma el Tratado de Alta Mar junto a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español.
¿Compartir los beneficios?
En alta mar, los países y entidades bajo su jurisdicción podrán recolectar materia animal, vegetal o microbiana cuyo material genético pueda resultar útil, incluso comercialmente.
Los científicos, por ejemplo, han descubierto moléculas con potencial para tratar el cáncer u otras enfermedades en microbios recogidos en sedimentos o producidos por esponjas o moluscos marinos.
La distribución de los beneficios de esos recursos ha sido un punto clave de discordia entre las naciones ricas y las más pobres.
El tratado establece marcos para la transferencia de tecnologías de investigación marina a los países en desarrollo y el fortalecimiento de sus capacidades de investigación, así como el acceso abierto a los datos.
Pero la COP deberá decidir exactamente cómo se compartirán finalmente los beneficios monetarios, con opciones que incluyen un sistema basado en productos comercializados específicos o sistemas de pago más generalizados.
Estudios de impacto ambiental
El tratado exige a los signatarios evaluar el impacto ambiental de las actividades planificadas bajo su control en alta mar antes de su autorización, en los casos en que dichas actividades puedan tener un efecto mayor que leve o transitorio.
También insta a los países a evaluar el potencial impacto en aguas internacionales de las actividades dentro de las jurisdicciones nacionales que puedan causar "contaminación sustancial" o dañar el medio ambiente marino de alta mar.
En última instancia, los Estados son responsables de dar luz verde a cualquier actividad potencialmente dañina, un papel que las ONG esperaban que recayera en la COP para dificultar las aprobaciones controvertidas.
El tratado también exige que los Estados publiquen actualizaciones sobre los impactos ambientales de una actividad. Las aprobaciones pueden ser cuestionadas si surgen impactos imprevistos.
Aunque no están específicamente enumerados en el tratado, las actividades que podrían quedar bajo regulación incluyen el transporte y la pesca, así como temas más controvertidos como la minería en aguas profundas o incluso iniciativas de geoingeniería para mitigar el calentamiento global.
