Informe de Greenpeace sobre las costas
Se deben tomar medidas contundentes
El informe analiza los 100 casos de mayor gravedad en cada una de las comunidades autónomas litorales.
Greenpeace considera que es el momento de cerrar la puerta a la sinrazón urbanística vivida en los últimos años. La importante crisis económica debería llevar a los gobernantes a tomar medidas contundentes.
Factores como el descenso de la inversión extranjera, sobre todo la británica (donde ya no desgrava comprar una segunda residencia) o la aparición de nuevos destinos turísticos en el Mediterráneo, se han traducido en un acusado declive de ventas de casas en la playa de hasta un 70% como es el caso de Alicante.
Las administraciones son, o deberían ser, conscientes de esta realidad pero no hacen nada por remediarla, o cuando lo intentan ya es demasiado tarde. Durante 2008, se ha seguido sin poner freno real a las mayores amenazas de nuestro litoral.
El mayor problema de nuestras costas sigue siendo el urbanismo. Muchos ayuntamientos han puesto todo su afán en convertir en suelo urbanizable el mayor porcentaje posible de su territorio -incluidos espacios naturales protegidos- para llenar sus arcas sin preocuparse por construir ciudades habitables.
Los 67 casos de corrupción urbanística en los tribunales, con 527 implicados, de los que 180 son cargos públicos, contabilizados durante 2008, ponen de manifiesto la enorme extensión y gravedad de la falta de transparencia y buena gestión llevada a cabo por los responsables.
La demagogia que rodea a las infraestructuras involucra a todas las administraciones. Como ejemplo, los puertos deportivos, ya que no existe ni una sola región que piense limitar el número de amarres. Tan sólo en 2008 se plantean 137 ampliaciones o nuevos puertos deportivos e industriales. En algunos puntos de la costa, los elevados niveles de contaminación alcanzan cotas alarmantes: los polos químicos de Huelva y Tarragona o el estado de las rías gallegas deben ser solucionados sin dilación.
Mientras el desarrollo en la franja litoral siga parámetros insostenibles, jamás habrá agua para abastecer a visitantes y residentes. Se sigue permitiendo regar campos de golf con agua sin reciclar y las confederaciones hidrográficas consienten que se continúe robando agua.
El cambio climático está ya afectando a nuestro litoral con la aparición de numerosas especies marinas propias de los trópicos. La subida del nivel del mar provocará un retroceso de la línea de costa tanto en el Atlántico (con una subida estimada en 35 centímetros) como en el Mediterráneo (donde la elevación se estima entre 20 y 50 centímetros para 2050).
El modelo de desarrollo económico basado en la construcción ilimitada a costa de los recursos y patrimonio natural de todos está, a la vista de los datos económicos, muy en entredicho. Greenpeace aboga por la urgente puesta en marcha de las siguientes medidas:
Finalización de la expansión ilimitada del urbanismo. Proteger la primera franja de 500 metros de la urbanización.
Aplicación de la Ley de Costas, terminar la delimitación del dominio público, eliminar las construcciones ilegales en el litoral y conservar los espacios costeros. Puesta en marcha de la Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa en estrecha colaboración con las comunidades autónomas y los agentes sociales implicados.
Acabar con los vertidos industriales y urbanos que están dañando la calidad de las aguas y los espacios costeros.
Fortalecimiento de los planes para luchar contra la contaminación por vertidos y accidentes marítimos.
Creación de reservas litorales y marinas que permitan conservar amplios tramos y aseguren la recuperación de especies, muchas de las cuales tienen un elevado valor comercial.
La incógnita en este año es saber cuál va a ser la política de costas del nuevo Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Greenpeace insta al nuevo Ministerio a que comience su andadura derribando el hotel construido ilegalmente en El Algarrobico (Almería), convertido en símbolo de la degradación costera de este país.
Sobre la Comunidad Valenciana Greenpeace dice que:
Presenta uno de los incrementos de superficie artificial más altos de España, superando el 50% en la última década. La presión turístico-residencial ha generado una elevada demanda de suelo en el litoral, especialmente en zonas con escasos recursos hídricos. Las superficies ocupadas por autopistas y autovías también se han duplicado.
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo visitaba la Comunidad Valenciana por tercera vez en 2007, al estimar que las autoridades autonómicas no habían cumplido con los compromisos en materia urbanística adquiridos tras las anteriores visitas de los parlamentarios europeos, que tras recorrer diferentes localidades, se reunieron con el anterior conseller de Urbanismo valenciano, Esteban González Pons, flanqueado y apoyado por promotores inmobiliarios, urbanizadores, agentes de la propiedad inmobiliaria y agentes de viajes. En dicha reunión González Pons afirmó que cada visita de la delegación del Parlamento Europeo suponía un coste de 200 millones de euros en pérdidas turísticas. Aseguró que el Banco de España había estimado unas pérdidas por valor de mil millones de euros en inversiones de las que también culpó a la Comisión y sostuvo que las Peticiones formuladas ante el Parlamento Europeo eran un mero producto de la imaginación de la Comisión.
El informe elaborado tras la visita destaca la actitud arrogante del conseller y señala que la Generalitat Valenciana es la administración que menos explicaciones ha ofrecido sobre los proyectos urbanísticos “que han deparado la destrucción de multitud de hermosos y frágiles parajes costeros”. Resulta preocupante constatar la actitud de desprecio de la Administración valenciana ante las denuncias sobre planes urbanísticos presentados por sus propios ciudadanos.
Ellos se han convertido en víctimas indirectas de un elevado número de proyectos apoyados en una legislación centrada única y exclusivamente en favorecer al promotor y que olvida su cometido: crear ciudades que mejoren la calidad de vida de sus habitantes.
Paralelamente, el Defensor del Pueblo ha denunciado el trato de favor al urbanismo salvaje en la Comunidad. En un escrito subraya que la evaluación de la existencia de recursos hídricos y la declaración de impacto ambiental no se obtienen al inicio del procedimiento de elaboración de los planes urbanísticos, sino al final, de manera que es el proyecto el que condiciona y limita en la práctica la declaración de impacto ambiental, cuando la normativa obliga a que sea al revés.
Marina d’Or se enfrenta a dos investigaciones judiciales. Por un lado, la Fiscalía ha decidido investigar la posible ilegalidad de la cesión de la gestión del agua hecha por el Ayuntamiento de Cabanes a una empresa del Grupo Marina d’Or. En segundo lugar, el presidente de Marina d’Or, Jesús Ger, se enfrenta a las acusaciones de prevaricación y tráfico de influencias después de que el Ayuntamiento de Oropesa del Mar adjudicara
“de forma irregular” el PAI Les Amplàires, colindante a Marina d’Or.
En esta investigación judicial también figuran como imputados el alcalde de la localidad, Rafael Albert; la secretaria accidental del Ayuntamiento, Cristina Agustí; el arquitecto municipal, Carlos Garrido; el concejal de Urbanismo, Tomás Fabregat Benages; y los ex concejales Juan Manuel Millaresa, Jorge Garrido Andreu y Mª Consuelo Mallach.
El alcalde de Oropesa del Mar, Rafael Albert; el arquitecto municipal Carlos Garrido; el concejal de Urbanismo, Tomás Fabregat; y los ex ediles Jorge Garrido y Juan Manuel Miralles han sido imputados por un posible delito de prevaricación por la venta, en la zona del Balcó del monte Renegà, de la parte de suelo público que corresponde a un Ayuntamiento tras la urbanización de un sector (cesión del 10%) sin tasarlo ni subastarlo previamente y a un precio de seis euros el metro cuadrado, siendo el precio medio del mercado de 200 euros. La Fiscalía ha decidido reabrir la investigación de estos hechos tras la denuncia interpuesta por GECEN en 2003. En total, el grupo ecologista estima que se habrían estafado más de 40 millones de euros a las arcas municipales como consecuencia de la venta de 200.000 metros cuadrados derivados de los derechos urbanísticos y de los aprovechamiento de terrenos municipales.
Por si la primera parte del complejo de turismo vacacional “Marina d’Or” supo a poco, los Ayuntamientos de Oropesa del Mar y Cabanes han solicitado a la Generalitat Valenciana la aprobación del proyecto “Marina d’Or Golf”, una “macrourbanización” que abarcaría 18 millones de metros cuadrados y sería cuatro veces más grande que la original (que consta de 10.000 apartamentos y cinco hoteles).
Pendiente de la decisión de la Generalitat Valenciana, Marina d’Or Golf prevé la construcción de 40.000 viviendas, seis hoteles y tres campos de golf. El proyecto se llevaría a cabo sin las infraestructuras y equipamientos necesarios para desarrollar una auténtica ciudad (sea de vacaciones o no).
Sin embargo, el proyecto se enfrenta a nuevos desafíos. Por un lado, el mencionado descenso de ventas que acusa el sector inmobiliario, muy pronunciado en el caso de las segundas residencias, y por otro, los problemas con la Justicia a los que se enfrenta Jesús Ger, presidente del Grupo Marina d’Or.
Ger está siendo investigado por la Fiscalía, acusado de los presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación tras la adjudicación, presuntamente irregular, del Plan de Actuación Integrada (PAI) Les Ampliares hecha por el Ayuntamiento de Oropesa del Mar.
Esta adjudicación, en terrenos colindantes a Marina d’Or, exigía el dictamen favorable de la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, pero a pesar de que el documento nunca fue emitido, el Consistorio adjudicó el PAI a Ger.
En la investigación también figuran imputados el alcalde de Oropesa del Mar, Rafael Albert; la secretaria accidental del Ayuntamiento, Cristina Agustí; el arquitecto municipal, Carlos Garrido; el concejal de Urbanismo, Tomás Fabregat Benages; y los ex concejales Juan Manuel Millaresa, Jorge Garrido Andreu y María Consuelo Mallach.
Varias de estas personas se enfrentan, además, a otra investigación de la Fiscalía por la venta a muy bajo precio de terrenos provenientes de aprovechamientos urbanísticos y de terrenos municipales.
La Fiscalía también investiga la posible ilegalidad de la cesión de la gestión del agua por parte del Ayuntamiento de Cabanes a una empresa del Grupo Marina d’Or.
Puntos negros en la Comunidad Valenciana según el informe de Greenpeace:
1. Costa de Castellón. Vinarós, Benicarló, Peñíscola y Alcossebre. Contaminación severa por vertidos urbanos. 2. Costa de Castellón. Vinarós, Benicarló, Peñíscola, Oropesa del Mar, Alcossebre, Castellón y Burriana. Nuevos puertos deportivos.
3. Oropesa del Mar y Cabanes. Urbanización de 18 millones de metros cuadrados.
4. Castellón. Polígono del Serrallo y Villarreal. Contaminación industrial severa.
5. Cullera. Urbanización de las márgenes de la desembocadura del Júcar.
6. Xàbia. Ampliación del puerto deportivo.
7. Altea. Obras de ampliación del puerto deportivo Luis Campomanes.
8. El Campello. Avalancha de proyectos urbanísticos.
9. Sant Joan d’Alacant. 90% del suelo urbanizable.
10. Elche. Urbanización desmedida.
11. Guardamar del Segura. Contaminación severa por vertidos industriales y urbanos.
Enlace:
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Imágenes y Texto de: Greenpeace España
