El muy esperado veredicto ofrecerá claridad en los derechos marítimos de las Islas Spratly
De acuerdo con un comunicado de prensa emitido por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, su veredicto en el arbitraje entre Filipinas y China se hará público el martes 12 de julio de 2016.
La República de Filipinas vs. La República Popular de China, el nombre oficial del caso, se inició por Filipinas en enero de 2013, tras un difícil enfrentamiento con China en 2012 sobre Scarborough Shoal en el Mar del Sur de China.
El procedimiento de arbitraje se inició en virtud del Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), el tratado principal que rige el derecho marítimo internacional. Tanto China como Filipinas son parte en el tratado, pero Pekín se ha negado a participar en el arbitraje, citando la falta de jurisdicción.
El pasado octubre la Corte anunció que había decidido en favor de Filipinas sobre la cuestión de la jurisdicción en la mayoría de los asuntos en la presentación inicial.
El Tribunal dictaminó que en virtud de la Convención el caso fue "constituido correctamente" y que la "no aparición" de China (es decir, la negativa a participar) no inhibía la competencia de la Corte.
Mientras que China se ha negado a participar en el procedimiento, el gobierno chino emitió un documento de posición sobre el Mar del Sur de China en diciembre de 2014. En ese documento se indica la posición de China sobre la cuestión de la jurisdicción.
El veredicto muy esperado tendrá ramificaciones geopolíticas inmediatas sobre la controversia sobre Mar del Sur de China.
Si bien la Corte no se pronunciará sobre la soberanía territorial de atolones individuales (un malentendido común de la finalidad del arbitraje de Filipinas), si que decidirá el estado de varios elementos conflictivos en las Islas Spratly y en otros lugares del Mar del Sur de China.
La decisión sobre el estado de las islas o atolones tendrá consecuencias para los derechos marítimos legales que pueden ser reclamados en virtud de la Convención.
En virtud de la Convención, las formaciones marítimas varían en función de si los derechos son considerados legalmente islas, rocas o elevaciones en bajamar. Islas reciben el más amplio y generoso derecho: un total de 200 millas náuticas de zona económica exclusiva (ZEE), además de un mar territorial de 12 millas náuticas.
Las rocas, por el contrario, tienen derecho a un mar territorial de 12 millas náuticas, pero no una ZEE. Islas artificiales, un tema de discusión desde principios de 2014, cuando China comenzó a desarrollar instalaciones en siete islotes de las Spratly, no reciben ninguna consideración especial para los derechos marítimos bajo la Convención.
Fundamentalmente hay una posibilidad de que el veredicto de la Corte podría cuestionar o anular la ambigua línea de los nueve guiones de China, en forma de U, o dictaminar que la línea en el Mar del Sur de China no tiene ninguna base en el derecho internacional.
Pekín ha justificado su afirmación de competencia territorial en el Mar del Sur de China usando el lenguaje de los derechos históricos.
Filipinas y China son sólo dos de los seis demandantes generales en el Mar del Sur de China. Brunei, Malasia, Taiwán y Vietnam también afirman diversas formaciones rocosas.
